León ampliará el parque de Morano tras pagar 439.448€ de expropiaciones
ÁLVARO CABALLERO | LEÓN
Arrinconadas en una de las esquinas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que llegó a vincularlas como parte del sector discontinuo de la estación de Feve, las dos parcelas de las traseras de los edificios 59 y 61 de la avenida Padre Isla vuelven al orden del día. Lo harán hoy, dentro de la comisión de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento, en la que se aprobará el expediente de modificación de crédito para dotar los 439.448,58 euros del expediente expropiatorio de los 1.264,68 metros cuadrados de terreno que pasarán a anotarse como zona verde para su incorporación al parque de Juan Morano.
Ahora, el Ayuntamiento tendrá que decidir cómo actúa, toda vez que se haga con el título efectivo de la propiedad, para que estas dos parcelas se añadan al espacio de ocio público. El documento municipal, en el que se reseña que los terrenos están «algunos metros por debajo de la calle Cinco de Octubre y el actual parque», apunta que la adecuación como zona verde tendrá un coste de urbanización de 71.526 euros. Pese a esta cifra orientativa, basada en un coste de 60 euros por metro cuadrado, el proyecto definitivo será el que ajuste el presupuesto, en función de los elementos que se añadan. Sí que queda claro que no se podrá hacer otra cosa, puesto que el PGOU contempla que es un «espacio libre público», salvo un pequeño triángulo de apenas 72 metros cuadrados que podrían incorporarse como acera de la calle Cinco de Octubre.
Tras una larga lucha nos dan la razón.
El expropiatorio llega como resultado de un largo proceso judicial en el que los cinco propietarios de los terrenos, conformados ya en comunidad de herederos, han tenido que vencer en dos pleitos diferentes al Ayuntamiento de León. El primero, que data de 2007, les sirvió para que se anulara el dictado del PGOU en el que se vinculaba las parcelas al sector de la estación de Feve, lo que de facto hacía que el pago de la indemnización no se hiciera hasta que se vendiese el suelo ferroviario para la construcción de viviendas. Frente a esta tesis municipal, los dueños lograron que se asentaran las fincas como suelo «consolidado», en lugar de «no consolidado» o pendiente de desarrollo urbanístico. Este matiz hizo que como efecto colateral se promoviera otro procedimiento ante los juzgados, con sentencia firme en julio de 2016, en el que se obligó al consistorio a que lleve a cabo «la actuación aislada de expropiación», frente al argumento de los técnicos de que no se daban «los presupuestos necesarios para poner en marcha el mecanismo».
