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EL PASADO 10 DE MAYO SE CELEBRÓ EN EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID (ICAM) LA JORNADA ORGANIZADA POR LA SECCIÓN DE URBANISMO SOBRE LA SITUACIÓN DEL URBANISMO DESDE UN PUNTO DE VISTA JUDICIAL.

El pasado 10 de mayo se celebró en el Ilustre Colegio De Abogados De Madrid (ICAM) la jornada organizada por la Sección De Urbanismo sobre la situación del urbanismo desde un punto de vista judicial.

Asistieron el presidente de la Sección de Urbanismo del colegio, Don Francisco Alegría Martínez de Pinillos, quién es a su vez presidente de la Revista de Derecho Urbanístico y Medioambiente, Don Gabriel Soria Martínez, socio director de Gabriel Soria Abogados y Don Rafael Fernández Valverde, exmagistrado y actualmente consejero del despacho Montero Aramburu. En la misma, Don Rafael Fernández Valverde, desarrolló su ponencia analizando la situación actual del urbanismo y de la evolución de las ciudades, destacando las debilidades del sistema legislativo y como los esfuerzos de la jurisprudencia por resolver el principal problema en esta materia son insuficientes sin una reforma de la legislación de suelo. Destacó el fracaso de los distintos intentos de reforma y la amenaza de dispersión del ordenamiento urbanístico por la diversidad de leyes autonómicas y la inviabilidad de generar una doctrina legal del Estado al respecto.

Por su parte, Gabriel Soria, se adhirió a lo postulado por Rafael Fernández Valverde y añadió la crítica a la pérdida progresiva del centro de las propuestas legislativas en la defensa del ser humano sustituyéndola, en ocasiones, por valores desconectados de la calidad de vida de las personas. También criticó la ley de vivienda estatal, recordando que no cabe legislar supletoriamente sobre materias reservadas a las comunidades autónomas como ya explicó el tribunal constitucional en la sentencia STC61/1997, de 20 de marzo. Finalmente denunció que frente al comunismo tradicional que colectivizaba los bienes, la nueva ley de vivienda conduce a vaciar las facultades de disfrute y provecho de la vivienda por su propietario, facilitando la ocupación y su permanencia, manteniendo la titularidad del dominio a los efectos de las cargas de adquisición e hipotecarias, pago de impuestos y de suministros que no disfruta.

Finalizadas las intervenciones, se inició un turno de debate en el que se abundó en la brecha de la seguridad jurídica y las críticas a la legislación de vivienda estatal de inminente publicación.